Por: Diego Muñoz Marroquín

Las diferentes formas de propiedad intelectual, entre las que se encuentran las patentes, las denominaciones de origen, las marcas, las marcas colectivas, los derechos de autor y otras varias sobre las que nos hemos referido en estas columnas, se han establecido como importantes formas de estímulo económico. La protección que ofrecen los ordenamientos jurídicos respecto de la propiedad intelectual ha servido para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en múltiples campos, lo que va de la mano con la inversión de capitales nacionales y extranjeros debido al interés inherente al desarrollo que el hombre posee.
Esta inversión puede evidenciarse en escenarios del campo científico o académico como el pago a investigadores y desarrolladores, el apoyo y promoción de la innovación (que materialmente se manifiesta en la creación de productos, servicios y procesos que se ofrecen en el mercado), fomentar el impulso tecnológico y poner a disponibilidad de las naciones esa tecnología a través de licenciamientos. Todos estos elementos hacen que se cree un vínculo entre la innovación y el crecimiento económico, por lo que cabe resaltar que la innovación tiene relación directa con la protección que ofrezca el ordenamiento. En este sentido, a menor protección otorgada, menor innovación, y a menor innovación, menos inversión.
En términos de patentes, las sociedades incrementan el conocimiento adquirido a través de las publicaciones y divulgaciones de estas, haciéndolo una fuente bastante atractiva de alimento intelectual y económico para los pueblos, de ahí la gran importancia de tener un efectivo sistema de protección de propiedad intelectual, pues aquellos que aún guardan ciertas debilidades en sus sistemas de protección de propiedad, en últimas generan un impacto negativo en la investigación, el desarrollo y la innovación, haciendo que la inversión no se produzca y por el contrario se genere una curva de crecimiento negativa en la economía.
En este sentido, la garantía que otorga el ordenamiento respecto de la protección a inventores, desarrolladores, científicos, etc., permite asegurar que cuando se produce una adecuada protección de los derechos de quienes tienen a su cargo determinada producción intelectual, esta genera beneficios que se ven reflejados en la mejoría de la economía de un país, estimulando la inversión y el crecimiento. Por esta razón, son las universidades, centros investigativos, y toda clase de espacios de innovación quienes están llamados a informar, a difundir y a ofrecer para su aprovechamiento, los distintos mecanismos y opciones de protección y aplicación que dispone la ley para salvaguardar y promocionar estos derechos correctamente.

Publicado en el diario La Nación el 24 de agosto de 2017:
La propiedad intelectual como estímulo económico